El uso de tecnologías biométricas se expande en México y el resto de America latina

Analizamos la implementación actual de políticas biométricas en México como parte de un estudio regional.

Imagen de la portada del informe "Cuantificando identidades en América Latina", ADC por los Derechos Civiles, Junio 2017.

“Cuantificando identidades en América Latina” ofrece un panorama general sobre las distintas políticas vinculadas con tecnología de identificación y verificación biométrica que están siendo implementadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela. De manera particular, destacamos que en el caso de México, tanto el sector de telecomunicaciones como el financiero, además de distintas agencias de gobierno, utilizan de manera extensiva este tipo de tecnologías.

En su conjunto, el informe, coordinado y publicado por ADC por los Derechos Civiles, incluye las siguientes observaciones a partir de las distintas aportaciones de las y los autores y las organizaciones que contribuimos al mismo:

  • Generalmente, las políticas públicas que pretenden implementar el uso de algún tipo de dato biométrico son llevadas a cabo con poca o nula transparencia de cara a la ciudadanía.
  • Lo anterior se encuentra ligado a la falta de información mediante la cual se pueda conocer — con cierto grado de precisión — acerca de las tecnologías y mecanismos utilizados para la recolección, análisis y almacenamiento de los datos biométricos, así como también sobre los alcances de estas políticas, como puede ser quiénes tendrán acceso a los datos biométricos, o si se compartirán y serán transferidos entre distintos organismos públicos o privados.
  • La falta de marcos jurídicos suficientes que permitan garantizar un adecuado tratamiento de los datos biométricos recolectados, tanto por parte del Estado como del sector privado.

Ahora bien, en el caso específico de México, aún cuando contamos con un marco normativo sobre protección de datos personales que, en efecto, establece estándares de regulación y protección de los datos personales sensibles – dentro de los cuales están considerados los datos biométricos – tanto para particulares (en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) como para dependencias y entidades de la administración pública federal, local y estatal, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad (en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados), es cierto que el manejo de dichos datos se realiza de forma poco transparente, no hay una sistematización clara de los mismos y, por tanto, no hay una garantía real de que su tratamiento se realice de forma adecuada.

Entre los sectores que han implementado de manera extensiva el uso de técnicas biométricas – uso de huellas digitales, iris, rostro y otros – para la identificación de sus clientes en el país, están el de telecomunicaciones y el financiero. Incluso, de acuerdo con declaraciones de una empresa mexicana que implementa soluciones biométricas al periódico El Economista, existe la intención por parte del gremio bancario de crear un buró biométrico que tendría la posibilidad de alojar hasta 40 millones de registros de usuarios de la banca.

En la práctica, una diversidad de agencias gubernamentales se han dado a la tarea de recabar una gran cantidad de datos biométricos, entre las cuales encontramos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien recaba huellas dactilares, imágenes, firmas digitales, para la emisión de pasaportes. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria – quien incluso realiza capturas del iris – entre otras tantas instituciones de gobierno.

Es sumamente preocupante que, a la fecha, existen bases de datos que albergan grandes cantidades de información biométrica de las y los mexicanos, que están en desuso y de las cuales desconocemos su destino, medidas de resguardo y de protección de su confidencialidad. Tal es el caso del Registro Nacional de Menores y la Cédula Única de Identidad, entre otros.

Te invitamos a conocer el resto de los hallazgos para México y para los distintos casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, incluidos en el informe, el cual cuenta con relevantes aportaciones de organizaciones como InternetLab, Fundación Karisma, TEDIC, Hiperderecho, y Derechos Digitales.

Esperamos que este esfuerzo colectivo, impulsado y gestionado por el Área Digital de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), contribuya a visibilizar esta problemática tendencia, a nivel local y regional, de recabar vastos volúmenes de información sensible y personal, en bases de datos sobre las que tenemos muy poco control y que, desafortunadamente, son altamente vulnerables.

By Giovanna SalazarGiovanna Salazar on Twitter

Giovanna Salazar es Oficial de Incidencia y Comunicación y Oficial de Recaudación de Fondos del Programa de protección de datos “SonTusDatos” de la Asociación Civil “Artículo 12”. Más información sobre Giovanna: https://sontusdatos.org/staff/giovanna-salazar/. Llave pública GPG: https://sontusdatos.org/contacto/llave-publica-de-giovanna-salazar/.

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