Asociaciones civiles mexicanas e internacionales exigen a la Suprema Corte proteger el derecho a la privacidad ante retención de datos

Fachada del Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Foto: Tercera Vía)

18 asociaciones civiles mexicanas e internacionales exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver de forma favorable los juicios de ámparo en contra de dos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales obligan a la conservación masiva e indiscriminada de datos de comunicaciones y permiten la vigilancia sin controles.

Según los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), los concesionarios están también obligados a proporcionar toda esta información a las autoridades que se los soliciten.  En ese sentido, las asociaciones exigen al Máximo Tribunal declarar inconstitucionales tales disposiciones de la LFTR por algunas de las siguientes razones:

  1. Sus disposiciones violan el derecho a la privacidad y la seguridad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
  2. Se obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar, por un lapso de dos años, un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, así como la localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese periodo.
  3. Los datos conservados o “metadatos de comunicaciones”, pueden revelar cuestiones sensibles como las preferencias políticas, religiosas o sexuales, el estado de salud, las amistades y relaciones personales, y en general, dibujar de manera detallada información privada de todas las personas, al asumirlas como sospechosas sin distinción.
  4. La LFTR no es clara, precisa y detallada en señalar cuáles son las autoridades que pueden intervenir comunicaciones privadas, monitorear la geolocalización de usuarios de telecomunicaciones en tiempo real o acceder al registro de metadatos de telecomunicaciones, ni los supuestos en los que pueden ser autorizados para utilizar esas herramientas de vigilancia. La Ley tampoco establece explícitamente el requisito de autorización judicial previa o inmediata para todas las formas de vigilancia.

Al respecto, es importante señalar que, por estos mismos motivos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó en 2014 una disposición de retención de datos similar tras considerarla desproporcionada y contraria al derecho a la privacidad. Así mismo, diversos organismos internacionales han advertido de la incompatibilidad de la retención de metadatos con los estándares internacionales de derechos humanos.

Por ello, las asociaciones civiles firmantes exigen a la SCJN reconocer la inconstitucionalidad de dichas disposiciones, pues abren la puerta para que las autoridades, frecuentemente en complicidad con grupos delictivos, utilicen la vigilancia de comunicaciones para cometer delitos en contra de la ciudadanía, para espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos o a adversarios políticos, de manera impune y sin ningún tipo de rendición de cuentas.

Firmantes:

Organizaciones nacionales:

Enjambre Digital

R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales)

SonTusDatos (Artículo 12, A.C.)

SocialTIC

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital A.C.

Organizaciones internacionales:

Access Now (Estados Unidos)

ACI – Participa (Honduras)

ADC – Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)

APC – Association for Progressive Communications (América latina)

Article 19: Oficina para México y Centroamérica (México)

Centro de Tecnologia y Sociedad – Fundación Getulio Vargas (Brasil)

Datos Protegidos (Chile)

Derechos Digitales (Chile)

EFF (Electronic Frontier Foundation) (Estados Unidos)

Fundación Karisma (Colombia)

Hiperderecho (Perú)

TEDIC (Paraguay)

Privacy International (Reino Unido)

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