El derecho al olvido en México

¿Nuevo derecho o derecho que ya tenía el titular de cancelar el tratamiento de algunos de sus datos personales?

"Google Logo Search". Foto: Global Panorama, tomada el 23 de mayo de 2014. Disponible en https://www.flickr.com/photos/121483302@N02/14253849274/. Licencia Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY SA 2.0) license.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado un fallo en cual se señala que, en determinadas condiciones, un buscador debe eliminar ciertos resultados que contengan información de la persona que ejerza su derecho a ser olvidado.  No obstante, este derecho puede entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información de otras personas.  En México, ese derecho podría ser considerado como una versión mejorada del ejercicio del derecho de cancelación.

El derecho al olvido se puede definir como el derecho que tiene una persona de borrar, bloquear o suprimir su información personal que afecta alguno de sus derechos fundamentales o cuando la información resulta obsoleta.  El especialista en derecho de la propiedad intelectual y de las tecnologías de la información, Pablo Palazzi, lo define como “el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos, transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado.” Como se puede ver, se trata de un derecho relacionado con el de la protección de datos personales, particularmente en lo que refiere a los principios de finalidad y calidad.

El principio de finalidad se refiere a que el recabar y tratar datos personales debe de estar vinculado a finalidades justificadas y legítimas.  El principio de calidad, por otra parte, señala que la información personal recabada debe mostrar la realidad y debe de estar actualizada; y una vez que se haya cumplido el objetivo por el cual los datos fueron recolectados, estos deben ser eliminados.

Algunos expertos consideran que el derecho al olvido se incluye en los llamados derechos “ARCO” (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).  Estos derechos otorgan a los titulares de los datos personales el derecho a acceder, rectificar y cancelar su información personal en posesión de terceros, así como oponerse a su uso.  Otros expertos, sin embargo, opinan que el derecho al olvido va más allá de los derechos ARCO, pues el primero se refiere básicamente a que la información que exista respecto a una persona no sea mostrada ni diseminada, aunque esa información sí exista en alguna base de datos, por ejemplo, mientras que en el caso de los segundos, cancelar la información supone que ésta es borrada y oponerse a su uso impide que la información sea tratada.  Además, el derecho al olvido contempla solicitar que no se muestren datos personales e información pública de registros oficiales. Por ejemplo, que sea obsoleta o que ponga en riesgo algún otro derecho del titular de la información; mientras los derechos ARCO sólo contemplan datos personales.

En México, los derechos ARCO están establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (la “LFPDPPP”) y su Reglamento.  Gracias a esta Ley, los usuarios de Internet, como titulares, tienen el derecho a pedir que su información sea borrada de las bases de datos de entidades privadas que recolectan y tratan dicha información, tales como redes sociales y buscadores en Internet, cuando la Ley aplica.  El encargado de velar por el cumplimiento de la LFPDPPP es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), quien, por ejemplo, en el año 2013 multó al Banco Nacional de México, S.A. con 16,155,936 pesos por no haber efectuado la cancelación de los datos personales a pesar de que resultaba legalmente procedente y por no haber cesado en el tratamiento de los datos personales del Titular a pesar de que éste ejerció su derecho de cancelación, continuando con el tratamiento ilegítimo.

En la era digital, el derecho al olvido ha adquirido mayor notoriedad debido a la facilidad con la que es posible encontrar información de una persona con sólo colocar su nombre en algún buscador que es capaz de mostrar los sitios web de diarios, documentos oficiales y no oficiales en donde el nombre aparece.  Sin embargo, los datos no son proporcionados directamente al buscador, sino que éste, a través de su motor de búsqueda, localiza los sitios web que considera responden a lo que un usuario busca.  Actualmente, existe un debate sobre si los buscadores realizan un tratamiento de datos personales como responsables de tratamiento y, por lo tanto, el derecho al olvido es exigible ante ellos, o si quienes deberían de eliminar la información deberían ser únicamente los autores de los sitios web.

El derecho al olvido en Internet no es un tema menor.  Por un lado, existe una persona que no desea que cierta información suya sea expuesta o que considera que la información es errónea u obsoleta porque esto podría atentar contra alguno de sus otros derechos. Y, por otro lado, no queda claro dónde inicia el derecho al olvido de una persona y dónde inicia el derecho a la libertad de expresión de un medio, así como el derecho a la información de un tercero.  En México no ha habido un gran debate al respecto, mientras que en la Unión Europea, el 13 de mayo de 2014, después de un proceso que empezó en España en 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), en un histórico fallo, ha establecido precedentes importantes relativos a los criterios a utilizar para implementar el derecho al olvido aplicables en la Unión Europea, pero que se van a considerar también en otras partes del mundo.

El fallo es el resultado de un litigio entre Google, la Agencia Española de Protección de Datos y un ciudadano español, que solicitó a Google el retiro de un enlace a un artículo periodístico publicado por el diario La Vanguardia en 1998, en el cual hacía referencia a las difíciles condiciones económicas por las que él estaba pasando en ese momento (un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social).  En su fallo, el Tribunal interpretó la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos así que el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y concluyó que:

      • La actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de “tratamiento de datos personales”.
    • Para respetar los derechos establecidos en la Directiva 95/46/CE, un gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona.
    • El derecho al olvido prevalece sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda y sobre el interés del público en acceder a la mencionada información en una búsqueda relacionada al nombre de esa persona.  Sin embargo, en el caso de una figura de la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante del público en tener acceso a la información de que se trate.

Con todo, el derecho al olvido deja algunas interrogantes en el aire:

    • ¿Tiene el titular de los datos que desea que estos sean borrados de los resultados de un buscador el derecho a restringir el acceso a información de todos los demás usuarios?
    • ¿Cómo conciliar el derecho al olvido en Internet con la libertad de información del usuario de buscadores en Internet? En otras palabras, buscadores, como Google, Yahoo y otros privados, ¿deberían de restringir el material al cual los usuarios pueden acceder y limitar que opiniones y hechos sean dados a conocer?
    • ¿Qué implicaciones puede traer el derecho al olvido para las agencias de noticias?
    • ¿Pueden unos parámetros ayudar a decidir si una información es obsoleta? ¿Obsoleta para quién?
    • Las empresas de buscadores tienen sus filiales en diversos países, pero aun así existen formas de burlar el reconocimiento por región en cada país. ¿Cómo puede afectar la regulación de la UE al mundo?

Para el caso de México:

  • ¿Qué significa la sentencia del TJUE para el marco legal de nuestro país y la manera con la que la autoridad de protección de datos, el IFAI, va a emitir sus futuras resoluciones?
  • ¿Debe México incorporar expresamente a sus leyes el derecho al olvido?
  • ¿Qué posición debe de adoptar México respecto a la tensión entre el derecho al olvido, la libertad de expresión y el derecho a la información?

ESCRITO POR: Cedric Laurant

AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN: Cedric LaurantMonserrat Laguna.

By Cédric LaurantCédric Laurant on Twitter

Cédric Laurant es Presidente de la Asociación civil “Artículo 12” y Director del Programa de protección de datos “SonTusDatos”. Más información sobre Cédric: https://sontusdatos.org/staff/cedric-laurant/. Llave pública GPG: https://sontusdatos.org/contacto/llave-publica-de-cedric-laurant/.

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