Iniciativa de Ley Secundaria de Telecomunicaciones: Retroceso para los derechos fundamentales en México

"Bandera". Foto: Esparta Palma; sacada el 21 de enero 2007. Disponible en https://www.flickr.com/photos/esparta/367002402. Licencia Creative Commons "Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)".

La propuesta de Ley Secundaria en Telecomunicaciones y Radiodifusión del Ejecutivo Federal, enviada al Senado el pasado 24 de marzo por el Presidente Enrique Peña Nieto, atenta contra la libertad de expresión, la privacidad, la protección de los datos personales y el libre acceso a Internet. Los artículos contenidos en la propuesta suponen un retroceso a los logros alcanzados con la reforma constitucional en telecomunicaciones.

La reforma constitucional de telecomunicaciones de mayo de 2013 constituyó un esfuerzo considerable por el gobierno mexicano por ayudar al país a acelerar su inmersión a la Era Digital. Esta aborda temas de infraestructura y conectividad, tecnologías de la información y comunicaciones, habilidades digitales, programas de gobierno digital y datos abiertos; así como los relativos a la inversión en temas tecnológicos, con el objetivo de garantizar la integración de la población a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Uno de los puntos más importantes de esta reforma fue que logró elevar a rango constitucional el derecho de acceso a las Tecnologías de la información y la comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la banda ancha y al Internet.

La reforma estableció un plazo para generar  sus respectivas leyes secundarias. Sin embargo, la propuesta de Ley Secundaria, enviada al Senado de la República el pasado 24 de marzo por el Presidente Enrique Peña Nieto, contiene diversos puntos que contradicen los principios que inspiraron dicha reforma, e incluso deja algunas dudas sobre la constitucionalidad de algunos de sus artículos. La propuesta se encuentra actualmente en discusión por algunas Comisiones del Senado de la República.

Varios artículos de la propuesta de ley, de ser aprobados, atentan contra la libertad de expresión, la privacidad, la protección de datos personales y el libre acceso a Internet.

En primer lugar, nuestra libertad de expresión se pondría en riesgo, pues el artículo 197 abre la posibilidad para que las autoridades puedan bloquear o suspender las señales de telecomunicaciones en “eventos críticos” o situaciones que atenten la seguridad nacional. El bloqueo de telecomunicaciones, de hecho, atenta contra el derecho a recibir y transmitir información. La libertad de expresión también podría ser violentada, ya que el artículo 145 permitiría bloquear ciertos contenidos.

Los artículos 189 y 190, por su parte, ponen en riesgo nuestra privacidad al establecer obligaciones a los proveedores de Internet para geolocalizar a personas en tiempo real con propósitos de inteligencia y colaboración con las autoridades.

Por otro lado, los artículos 192, 193 y 194 permiten a los proveedores de servicios de Internet retener información de sus clientes hasta por dos años, o más si las autoridades así lo disponen.

La retención de datos y su acceso por las autoridades, no es un asunto menor.  Hace a penas unos días, el día 8 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválida la Directiva sobre la conservación de datos (Directiva 2006/24/CE). Esta contemplaba la conservación de meta-datos (o “datos de tráfico”), es decir, los datos concernientes al modo en que se ha comunicado un usuario, el momento de sus comunicaciones,  el lugar desde el que se produjeron, así como la frecuencia de las comunicaciones del usuario con determinadas personas durante un período concreto – no el contenido de las comunicaciones del usuario. Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el “Tribunal”) analizó la Directiva frente a los derechos fundamentales de privacidad y de protección de datos personales, decidió fuera invalidada.

El Tribunal determinó que los meta-datos, en su conjunto, pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de los titulares, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados. De tal manera que, al imponer la conservación de estos datos y al permitir el acceso a las autoridades nacionales competentes, se atentaba de manera especialmente grave contra los derechos fundamentales al respeto a la vida privada y a la protección de los datos personales.

El Tribunal también señaló que la transmisión de meta-datos a las autoridades debe de darse sólo cuando la seguridad pública peligre, esto es casos extremos, y siempre con la debida proporcionalidad.  Se consideró que la Directiva no regulaba de manera correcta la injerencia amplia y grave con los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y a la protección de los datos personales.  Asimismo, tampoco fijaba ningún criterio objetivo que permitiera garantizar que las autoridades competentes sólo tendrían acceso a los meta-datos necesarios para para prevenir o detectar un delito.  Como se puede observar, los argumentos del Tribunal son útiles para descalificar, en la propuesta de ley secundaria, la mera idea de la retención de los meta-datos de toda la población mexicana.

Imponer la conservación de los meta-datos de comunicaciones de toda la población mexicana de manera generalizada y permitir su acceso sin restricciones serias a las autoridades nacionales atenta de manera especialmente grave contra el derecho constitucional de todos los Mexicanos a la privacidad.

Finalmente, el libre acceso a Internet también sería violentado.  El artículo 146 permitiría a los proveedores de servicio a Internet ofrecer acceso a un Internet diferenciado: el hecho de ofrecer servicios con distinta calidad y velocidad dependiendo de los criterios del mercado.  No obstante, esto va en contra del Artículo 6 de nuestra Constitución que establece que el Estado debe de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, entre ellos el de banda ancha e Internet.

SonTusDatos, como vocero de los intereses de los consumidores y usuarios de Internet, expresa su rechazo a varias disposiciones de la propuesta de Ley secundaria y pide que cualquier dictamen de ley que se apruebe busque proteger el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, el derecho a la libertad informacional (el derecho a comunicar y recibir o tener acceso a información), a la libertad de expresión y el derecho de asociación.

Propuesta de Ley secundaria de Telecomunicaciones [fragmentos]

Artículo 145 – Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:

l. Libre elección. Los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos.

No podrán limitar el derecho de los usuarios del servicio de acceso a Internet a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se conecten a su red, siempre y cuando éstos se encuentren homologados;

II No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones y servicios, en especial en razón del origen o propiedad de los mismos, salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos; [lo resaltado es nuestro]

III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad;

IV. Transparencia e información. Deberán publicar en su página de Internet la información relativa a las características del servicio ofrecido, incluyendo las políticas de gestión de tráfico y administración de red autorizada por el Instituto, velocidad, calidad. la naturaleza y garantía del servicio;

V. Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia;

VI. Calidad. Deberán preservar los niveles mínimos de calidad que al efecto se establezcan en los lineamientos respectivos, y

VII. Desarrollo sostenido de la infraestructura. En los lineamientos respectivos el Instituto deberá fomentar el crecimiento sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones.
Artículo 146 – Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad. [lo resaltado es nuestro]

Artículo 189 – Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso los autorizados están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, a solicitud del Procurador General de la República, de los Procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público en quienes se delegue esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes.

Asimismo, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia, de conformidad con las leyes correspondientes. [lo resaltado es nuestro]

Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por el artículo 178 Bis del Código Penal Federal.

Artículo 190 – Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir, que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas, les soliciten de conformidad con las leyes correspondientes. [lo resaltado es nuestro]

Artículo 192 – Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión la siguiente información: [lo resaltado es nuestro]

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;

b) Tipo de comunicación y servicio;

c) Origen y destino de las comunicaciones:

d) La fecha, hora y, en su caso, duración de las comunicaciones;

e) Fecha, hora y ubicación geográfica de la primera activación del servicio;

f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor;

g) La ubicación geográfica del dispositivo, y

h) La demás que hubiere entregado el titular del servicio contratado, suscrito o registrado para efectos de su identificación.

La obligación de conservar los datos a que se refiere el presente artículo cesa a los veinticuatro meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación, salvo aquellos casos en los que las autoridades competentes determinen un plazo mayor.

En aquellos casos que las autoridades competentes determinen un requerimiento mayor para la conservación de la información a que se refiere este artículo, deberán notificarlo al concesionario con treinta días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior.

Artículo 193 – Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a adoptar las medidas necesarias y suficientes respecto de los datos objeto de conservación que garanticen su almacenamiento, cuidado y protección, e impidan su manipulación, acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Artículo 194 Los concesionarios de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables. [lo resaltado es nuestro]

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente.

Artículo 197 – Además de las anteriores obligaciones, los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán:

l. Establecer procedimientos expeditos para recibir los reportes de los usuarios del robo o extravío de los equipos o dispositivos terminales móviles y para que el usuario acredite la titularidad de los servicios contratados. Dicho reporte deberá incluir, en su caso, el código de identidad de fabricación del equipo;

II. Realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados, a solicitud del titular;

III. Realizar la suspensión inmediata de los servicios cuando así lo instruya la autoridad competente de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables; [lo resaltado es nuestro]

IV. Realizar el bloqueo inmediato del equipo o dispositivo terminal móvil que funcionen bajo cualquier modalidad reportado por los titulares como robados o extraviados;

V. Intercambiar las listas actualizadas de los equipos o dispositivos móviles reportados como robados o extraviados, a fin de evitar su reactivación, debiendo incluir el código de identidad de fabricación del equipo;

VI. Bloquear, inhibir o anular de manera permanente en coordinación con las autoridades competentes y el Instituto, las señales de telecomunicaciones dentro de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas o del Distrito Federal, cualquiera que sea su denominación de conformidad con los lineamientos en la materia;

VII. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. [lo resaltado es nuestro]

El bloqueo de señales a que se refiere el presente artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que indique el Instituto de conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes; [lo resaltado es nuestro]

VIII. Colaborar con las instancias de seguridad en el monitoreo para verificar el bloqueo, inhibición o anulación de las señales de telecomunicaciones de conformidad con los lineamientos establecidos; [lo resaltado es nuestro]

IX. Implementar un número único armonizado a nivel nacional y, en su caso, mundial para servicios de emergencia en los términos y condiciones que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, debiendo contemplar mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada de emergencia;

X. Informar oportuna y gratuitamente a los usuarios el o los números telefónicos asociados a los servicios de seguridad y emergencia que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como proporcionar la comunicación a dichos servicios de forma gratuita;

XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con la instituciones de seguridad, dar prioridad a las comunicaciones con relación a situaciones de siniestro, desastres y amenaza a la seguridad de los ciudadanos;

XII. Cooperar con el Instituto y las autoridades competentes para prevenir y combatir la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas o tráfico malicioso, así como minimizar sus efectos en las redes de telecomunicaciones y los servicios prestados, y

XIII. Realizar bajo la coordinación del Instituto los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [fragmento]

Artículo 6 – La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. […] [lo resaltado es nuestro]

Más información

Referencias posteriores a la publicación de esta entrada.

ESCRITO POR: Cédric Laurant.

AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN: Cedric Laurant.

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Cédric Laurant es Presidente de la Asociación civil “Artículo 12” y Director del Programa de protección de datos “SonTusDatos”. Más información sobre Cédric: https://sontusdatos.org/staff/cedric-laurant/. Llave pública GPG: https://sontusdatos.org/contacto/llave-publica-de-cedric-laurant/.

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