SonTusDatos exige revisión del Código Nacional de Procedimientos Penales

El 26 de noviembre pasado, SonTusDatos se sumó a otras organizaciones de defensa de de­re­chos hu­ma­nos mexicanas para exigir al Congreso de la Unión que revise la compatibilidad del Proyecto de Dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales con la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.  Nos preocupa que la propuesta de reforma de ese Código permita la libre intervención de comunicaciones privadas, la retención de datos y la localización geográfica en tiempo real en teléfonos móviles, sin mecanismos de supervisión independientes del gobierno.  Si el Proyecto es votado en su versión actual, pondrá en riesgo la privacidad de los usuarios por no incluir las salvaguardas adecuadas para evitar posibles abusos de técnicas de investigación.

Las organizaciones firmantes reiteramos que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que ser modificado para que sean respetados los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones; también para que la compatibilidad de este instrumento con las obligaciones de derechos humanos de México sea garantizada.

Carta:

México, 27 de noviembre de 2013

Senador(a) de la República

Integrante Comisión de Justicia del Senado de la República

PRESENTE

Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales nos dirigimos a usted en relación con el Anteproyecto de Dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales que está bajo su consideración, con el objeto de expresar nuestra preocupación respecto de diversas disposiciones que afectan el derecho a la privacidad de las comunicaciones.

Lamentamos profundamente que en el Anteproyecto de Dictamen presentado el día 21 de noviembre no se hayan incorporado nuestros comentarios, los cuales pretenden la adecuación de este importante instrumento a los estándares de derechos humanos que exige la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

Peor aún, nos preocupan los retrocesos significativos que el nuevo Anteproyecto presenta respecto del anterior, especialmente, la eliminación de la necesidad de que el Ministerio Público justifique las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas en atención al principio de causa probable.

Asimismo nos preocupa la ausencia de salvaguardas adecuadas para evitar el abuso de técnicas de investigación, tales como la intervención de comunicaciones privadas y la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. Por ejemplo: el Anteproyecto no contempla la necesidad de obtener una autorización judicial para la localización geográfica de equipos de comunicación móvil, o para ordenar la conservación de datos personales en posesión de particulares, lo cual es incompatible con lo que establecen la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Además, de esa manera se abre la puerta a la utilización arbitraria de estas herramientas, lo cual puede afectar gravemente la privacidad y la seguridad de cualquier persona.

En este sentido, consideramos necesario que el Anteproyecto incorpore los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. Estos principios son el resultado de más de un año de consultas entre la sociedad civil y expertos en privacidad y tecnología, y han recibido el respaldo de más de 300 organizaciones y expertos.

En atención a dichos principios, es necesario que toda técnica de investigación que conlleve la recolección, retención o acceso a datos personales –incluyendo las comunicaciones y los datos de localización geográfica– contemple lo siguiente:

Autorización Judicial: La intervención de comunicaciones privadas, la retención de datos y la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, deben contar con autorización de un juez federal, el cual debe acreditar la probabilidad de que la persona afectada haya participado en un hecho delictivo y debe ponderar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

– Causa Probable: Para que la intervención de comunicaciones privadas pueda ser autorizada, debe establecerse su estricta necesidad y proporcionalidad. Para ello debe verificarse la existencia de datos que establezcan un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido o participado en un hecho delictivo.

– Notificación al Afectado: Las personas afectadas por una medida de vigilancia deben ser notificadas sobre cualquier decisión que autorice la vigilancia de sus comunicaciones o revele otros datos personales.  La notificación sólo podría ser diferida temporalmente para evitar poner en riesgo una investigación, exista riesgo de fuga o de destrucción de evidencia o exista un riesgo inminente de peligro para la vida de una persona.

– Supervisión Independiente: Debe establecerse un mecanismo independiente de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia de las comunicaciones. Los mecanismos de supervisión deben tener la autoridad para acceder a toda la información potencialmente relevante para valorar si el Estado está haciendo un uso legítimo de sus funciones legales; para evaluar si el Estado ha sido transparente y ha publicado información precisa sobre el uso y el alcance de las técnicas y poderes de vigilancia de las comunicaciones; y para publicar periódicamente informes y otra información relevante para la vigilancia de las comunicaciones.

– Transparencia: Debe establecerse obligaciones de transparencia estadística periódica, con el desglose y detalle suficientes para conocer y evaluar el alcance, volumen y eficacia de las medidas de vigilancia de las comunicaciones.

– Integridad y Seguridad: Los modos de colaboración impuestos a entidades públicas o privadas para llevar a cabo las medidas de vigilancia no deben poner en riesgo la seguridad e integridad de las comunicaciones, los sistemas y las redes. No debe obligarse a proveedores de servicios a construir la capacidad de vigilancia o de control en sus sistemas, ni a recoger o retener determinada información exclusivamente para fines de vigilancia.

Las organizaciones firmantes solicitamos la modificación del Dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que sean recogidos los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones y se garantice la compatibilidad de este instrumento con las obligaciones de derechos humanos del Estado Mexicano.

En el documento adjunto a esta carta podrá encontrar la justificación detallada, los comentarios y propuestas de modificación al nuevo Anteproyecto de Dictamen.

Atentamente,

SonTusDatos

Access

Alconsumidor A.C.

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Colaborativo México

ContingenteMX

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